Escudo de la República de Colombia Escudo de la República de Colombia

La salud: derecho fundamental de todas y todos

Garantizar el derecho a la salud y reestructurar con ese fin el sistema de salud es una de las propuestas que las universidades planteamos para superar la actual crisis. El acceso universal, equitativo y de calidad a la salud pública colectiva e individual es uno de los principales reclamos de las manifestaciones sociales, desde hace décadas, y la actual crisis sanitaria ha hecho aún más visible este problema, dadas las múltiples dificultades y falencias del sistema.

Los derechos humanos incluyen aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales. Colombia tiene un compromiso internacional con el derecho a la salud. Todas las personas deben tener condiciones de vida digna que, más allá de la atención de una enfermedad, favorezcan su salud y bienestar. Por ello, nuestra Constitución consagra en su Artículo 49: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.

Según el diagnóstico realizado por Convergencia por Colombia, https://convergenciacolombia.unal.edu.co/, uno de los graves problemas para garantizar el derecho a la salud es la dificultad que tienen las poblaciones más vulnerables para el acceso equitativo a ella. El 70% de las tutelas en salud exigen servicios que hacen parte de la cobertura esencial.

La Ley Estatutaria 1751 de 2015 ratifica la declaratoria de la salud como un derecho fundamental y autónomo, que requiere recursos y mecanismos propios que lo garanticen. Su implementación debe considerar nuestras particularidades sociales, medioambientales y económicas: acceso al agua potable y servicios básicos esenciales, alimentación sana y saludable, vivienda digna, educación, condiciones adecuadas de trabajo, participación en diversas actividades sociales y atención según las necesidades particulares, sin ningún tipo de discriminación. El desarrollo íntegro de la Ley Estatutaria necesita reformas a normas tales como la Ley 100 de 1993, que permitan transformar el sistema de salud, con especial énfasis en aspectos que tienen que ver con determinantes sociales y con el reconocimiento de las desigualdades.

La atención médica no debe limitarse exclusivamente a las emergencias de último nivel, como las que se atienden en las UCI, pues la prevención es de vital importancia para evitar el colapso del sistema. Países como Suiza lograron controlar la emergencia producida por la actual pandemia, gracias a la atención primaria y comunitaria, además de la proximidad entre los servicios de salud y la población, la identificación temprana del virus en los núcleos familiares, los aislamientos selectivos y la atención oportuna en las fases iniciales de la enfermedad.

Con el Pacto Nacional por la Salud y la Vida (2020), representantes de la academia, la sociedad civil y el Estado propusimos duplicar la capacidad de realización de pruebas de detección del Covid-19, incrementar la búsqueda activa en grupos de riesgo y poner en funcionamiento los laboratorios de salud pública en los departamentos donde no se cuenta con esta capacidad. El Pacto insistió en la necesidad de fortalecer y acelerar la implementación de la estrategia de Atención Primaria de la Salud Integral e Integrada, para garantizar la promoción, prevención y atención desde el domicilio (servicios de telesalud, entre otros) hasta el hospital, con enfoque familiar, intercultural, territorial y comunitario en todo el territorio nacional, asegurando los recursos para ello.

Las escuelas de salud pública han propuesto que el país se una a la iniciativa global “COVID Cero”, que, además de la estrategia de territorialización, busca dar un conjunto de respuestas simultáneas y articuladas que, además de mitigar el avance del virus con la vacunación masiva, contemple el seguimiento, el diagnóstico y el tratamiento oportuno.

El papel de las universidades ha sido fundamental para el desarrollo de pruebas diagnósticas de Covid-19, la atención directa y remota a pacientes y la asesoría a entidades gubernamentales. Contamos con centros educativos de excelente calidad y profesionales capaces de producir medicamentos y vacunas, pero requerimos mayores recursos e infraestructura. Desarrollar oportunamente este tipo de proyectos es posible con el apoyo de las instituciones gubernamentales y el sector empresarial.

En este sentido, es importante que el país adhiera a iniciativas que permitan levantar de manera temporal las restricciones que existen sobre la propiedad intelectual de las vacunas, con el fin de hacer frente a esta pandemia con acciones mucho más rápidas y efectivas.

La reactivación de la economía y el retorno a clases presenciales tendrían que adelantarse sobre la base de análisis y decisiones informadas, en forma progresiva, teniendo especial consideración con las personas que han resultado más afectadas por la pandemia o que están en situación de alto riesgo y vulnerabilidad. La situación que vivimos actualmente nos lleva a replantearnos e innovar, de tal manera que seamos capaces de alternar presencialidad y virtualidad, según los requerimientos de cursos y programas, además de continuar desarrollando estrategias que nos permitan mejorar la conectividad y fortalecer y desarrollar plataformas virtuales.

Las universidades seguimos comprometidas con aportar a la superación de esta crisis sanitaria, social y económica, contribuyendo con análisis y diagnósticos que conduzcan, entre otras cosas, a la implementación de la Ley Estatutaria y a la construcción de un sistema de salud robusto y equitativo, que garantice el acceso eficaz y oportuno para todas y todos.

@DollyMontoyaUN

* Rectora, Universidad Nacional de Colombia.