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La Constitución del 91, pacto de inclusión para la democracia

El próximo 4 de julio conmemoramos los 30 años de nuestra Constitución, concebida en un momento de singular trascendencia histórica que nos permitió a los diferentes sectores sociales dialogar por primera vez para buscar soluciones a los problemas estructurales de la nación.

Esta hoja de ruta, considerada en su momento y aún hoy como una de las más modernas del mundo, se propuso entre sus principales objetivos la plena garantía de derechos y la creación de una serie de instituciones encargadas de velar por su cabal cumplimiento.

Fruto de un ejercicio de participación amplia y democrática que buscaba establecer un nuevo pacto social, en el que por primera vez estuvieran representados los distintos actores que soñaban con un país más justo y en paz, surgió la Séptima Papeleta. Esta fue la propuesta de un movimiento liderado por jóvenes de universidades públicas y privadas que buscaba salidas a la crisis.

Como resultado de esta iniciativa y de la conjunción de factores claves como gobiernos abiertos a las reformas, los procesos de paz con el M-19, el Epl, el Quintín Lame, entre otros, se generó el ambiente adecuado para la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente que daría vida a nuestra Carta Magna, en la que se consideraban legítimas demandas de ciudadanas y ciudadanos de un país que había extraviado su rumbo.

El país se reconoció en un proyecto político y cultural basado en el respeto de los derechos, deberes y libertades ciudadanas y en el reconocimiento de que el bien común debe primar sobre cualquier interés particular.

Entre todos los derechos que garantiza nuestra Constitución, la vida es el fundamental. Como dirían los wayuú, nadie podrá hacerle mal a otro en su manera de ser.

A pesar de los propósitos que inspiraron nuestra Norma de Normas, nuestra consolidación como nación democrática, pluricultural y diversa, con acceso equitativo a la educación y a la salud, capaz de vivir en paz, no ha sido fácil. El recorrido que emprendimos hace 30 años ha estado acompañado de toda clase de dificultades; entre ellas, la imposibilidad de superar nuestras múltiples diferencias a través del diálogo es quizá la más grave.

La educación –el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura– se define en la Constitución como un derecho y un servicio público a cargo del Estado con igualdad de oportunidades para todas y todos. “El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior” (Art. 69)

Con la Constitución alcanzamos una mayoría de edad, una madurez política. La implementación del Estado social de derecho requiere la participación responsable de toda ciudadanía capaz de entender que toda acción individual tiene repercusiones en la esfera social.

Según un diagnóstico realizado en Convergencia por Colombia, entre las principales tareas pendientes para la implementación de la Constitución se encuentran el restablecimiento del equilibrio de poderes, el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas, la implementación de la reforma política y electoral, el ordenamiento territorial, las garantías para la protesta ciudadana y la legitimidad de la representación política.

La formación ciudadana a lo largo de la vida es otro de nuestros grandes retos. Para superarlo debemos asumir una estrategia transversal que involucre a todo nuestro sistema educativo, desde los primeros años de vida, pasando por los estudios técnicos, tecnológicos y universitarios.

La participación de los grupos minoritarios, y de los cientos de miles de mujeres y hombres que han salido a las calles, nos ha demostrado una vez más la importancia de cerrar las enormes brechas que aún hoy nos dividen, para reconocer que en nuestras múltiples diferencias están también nuestras mayores riquezas. Como país seguimos en deuda con respecto al cumplimento de las promesas democráticas, pluralistas y de bienestar social que definimos en la Constitución de 1991.

La Constitución nos ha entregado el marco jurídico apropiado para que la movilización social construya una agenda transformadora que nos permita realizar los cambios estructurales que demanda el país. Uno de los principales compromisos de las universidades, y de toda la ciudadanía, es el de ser veedoras y garantes de esa agenda.

@DollyMontoyaUN

* Rectora, Universidad Nacional de Colombia.